El Juzgado de lo Contencioso anula los privilegios concedidos por el consejo rector de la urbanización Montepinar a unos promotores, con el apoyo del Ayuntamiento

Un grupo de vecinos de la Urbanización Montepinar (El Esparragal, Murcia) ha conseguido que el Juzgado de lo contencioso les de la razón frente al consejo rector de la entidad urbanística y al ayuntamiento de Murcia y anule una Asamblea en la que, de manera ilícita, se concedió un descuento del 30% de las deudas de los propietarios morosos y un 25% de descuento en los próximos 4 años.

La historia comienza en el año 2015 cuando estos vecinos se percatan de que la actuación de los directivos de la urbanización parece encaminada a favorecer los intereses de cierta promotora (CC) que tiene participación mayoritaria en la entidad y debe importantes cuotas desde el año 2011, por mas de 170.000€.

Ante esta sospecha comienzan a presentar escritos a la concejalía de urbanismo (responsable de supervisar las entidades de conservación) sin obtener resultado alguno de la responsable Jefa de servicios Doña Mª Carmen Caballero ni del concejal de responsable Antonio Navarro después de mantener sendas reuniones con ambos.

 Por otro lado, obtienen información de que en la venta de una parcela se ha hecho un descuento presuntamente ilícito a esta misma promotora, denunciándolo ante la Policía Nacional. De esta denuncia se derivan diligencias previas en el juzgado de instrucción 6 de Murcia, estando imputados el presidente y el secretario de Montepinar por unu delito de administracion desleal y falsedad documental.

En esas mismas fechas (abril de 2016), los mismos gestores de la entidad reciben una sentencia firme del TSJ de Murcia, de la cual apenas quisieron dar cuenta en dicha asamblea donde condenaban a la promotora a pagar el 100% de sus deudas, aún así y con el apoyo de la jefa de servicios del Ayto Mª Carmen Caballero y el concejal Antonio Navarro  convocan una asamblea extraordinaria de vecinos, en la que la promotora CC tiene una cuota mayoritaria, para aprobar un descuento del 30% de la deuda y el 25% en sus cuotas en los próximos 4 años a los propietarios morosos (entre ellos la propia promotora CC). En teoría en la entidad de conservación los propietarios morosos no pueden votar en las asambleas, pero el letrado asesor de la Entidad, Federico Pastor Conesa  (candidato a la secretaría general del PSOE murciano), realiza una interpretación de la norma que permite a la promotora CC votar un acuerdo que le rebaja en un 30% su deuda con los vecinos, y un 25% en los próximos 4 años lo cual -según los denunciantes- sería perjudicial para el conjunto de propietarios que tendría que sufragar lo que los propietarios morosos dejasen de pagar, además de ilícito, y mas teniendo una sentencia firme del Tsj a favor de los vecinos que condena ala promotora.

Escandalizados por esta situación los vecinos denuncian ante el Ayuntamiento que la asamblea se había convocado fuera de plazo, que no era correcto darle voto a una empresa morosa (menos aún para votar un acuerdo que les era tan beneficioso) y que el acuerdo en sí era ilegal porque reducía la cuota de pago pero no la de voto (por lo que los beneficiarios mantenían su poder en la asamblea aportando menos que el resto de vecinos), además de numerosas irregularidades en dicha asamblea.

El Ayuntamiento, sin embargo hizo caso omiso a las quejas de los vecinos,  además los vecinos ante tal atropello consiguieron puerta a puerta  mas de 300 firmas de vecinos como dicen los estatutos para convocar una asamblea y destituir al consejo rector actual, y las presentaron al ayuntamiento  de Murcia como órgano responsable de la entidad Montepinar pero no recibieron contestación alguna ni por el ayto ni por consejo de la entidad, por lo que se vieron obligados a acudir a los tribunales. Ahora el Juzgado ha dictado sentencia en la que estima todas las peticiones de los vecinos, anula la asamblea en la que se aprobaron los descuentos y condena al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales. En la sentencia, que es recurrible ante el TSJ, el magistrado censura la interpretación que en su día hizo el letrado Federico Pastor Conesa en contra de los vecinos para darle derecho de voto a la promotora, así como el hecho de que se convocara la asamblea sin tiempo para que los vecinos pudieran reaccionar y la dudosa claridad y transparencia en el conteo de la votación. Finalmente el magistrado advierte de que la cuota de pago tiene que ser la misma que la de voto.

Ante tantas irregularidades los vecinos mantienen su acusación en el proceso penal y piden al Ayuntamiento como máximo responsable que tome cartas en el asunto de una vez por todas, e intervenga una entidad que maneja un presupuesto anual de mas de 500.000 euros que pagan los vecinos de su bolsillo.