El
Juzgado de lo Contencioso anula los privilegios concedidos por el
consejo rector de la urbanización Montepinar a unos promotores, con
el apoyo del Ayuntamiento
Un
grupo de vecinos de la Urbanización Montepinar (El Esparragal,
Murcia) ha conseguido que el Juzgado de lo contencioso les de la
razón frente al consejo rector de la entidad urbanística y al
ayuntamiento de Murcia y anule una Asamblea en la que, de manera
ilícita, se concedió un descuento del 30% de las deudas de los
propietarios morosos y un 25% de descuento en los próximos 4 años.
La
historia comienza en el año 2015 cuando estos vecinos se percatan de
que la actuación de los directivos de la urbanización parece
encaminada a favorecer los intereses de cierta promotora (CC) que
tiene participación mayoritaria en la entidad y debe importantes
cuotas desde el año 2011, por mas de 170.000€.
Ante
esta sospecha comienzan a presentar escritos a la concejalía de
urbanismo (responsable de supervisar las entidades de conservación)
sin obtener resultado alguno de la responsable Jefa de servicios Doña
Mª Carmen Caballero ni del concejal de responsable Antonio Navarro
después de mantener sendas reuniones con ambos.
Por
otro lado, obtienen información de que en la venta de una parcela se
ha hecho un descuento presuntamente ilícito
a esta misma promotora, denunciándolo ante la Policía Nacional. De
esta denuncia se derivan diligencias previas en el juzgado de
instrucción 6 de Murcia, estando
imputados el presidente y el secretario de Montepinar por unu delito
de administracion desleal y falsedad documental.
En
esas mismas fechas (abril de 2016), los mismos gestores de la entidad
reciben una sentencia firme del TSJ de Murcia, de la cual apenas
quisieron dar cuenta en dicha asamblea donde condenaban a la
promotora a pagar el 100% de sus deudas, aún así y con el apoyo de
la jefa de servicios del Ayto Mª Carmen Caballero y el concejal
Antonio Navarro convocan una asamblea extraordinaria de
vecinos, en la que la promotora CC tiene una cuota mayoritaria, para
aprobar un descuento del 30% de la deuda y el 25% en sus cuotas en
los próximos 4 años a los propietarios morosos (entre ellos la
propia promotora CC). En teoría en la entidad de conservación los
propietarios morosos no pueden votar en las asambleas, pero el
letrado asesor de la Entidad, Federico
Pastor Conesa (candidato
a la secretaría general del PSOE murciano),
realiza una interpretación de la norma que permite a la promotora CC
votar un acuerdo que le rebaja en un 30% su deuda con los vecinos, y
un 25% en los próximos 4 años lo
cual -según los denunciantes- sería perjudicial para el conjunto de
propietarios que tendría que sufragar lo que los propietarios
morosos dejasen de pagar, además de ilícito, y mas teniendo una
sentencia firme del Tsj a favor de los vecinos que condena ala
promotora.
Escandalizados
por esta situación los vecinos denuncian ante el Ayuntamiento que la
asamblea se había convocado fuera de plazo, que no era correcto
darle voto a una empresa morosa (menos aún para votar un acuerdo que
les era tan beneficioso) y que el acuerdo en sí era ilegal porque
reducía la cuota de pago pero no la de voto (por lo que los
beneficiarios mantenían su poder en la asamblea aportando menos que
el resto de vecinos), además de numerosas irregularidades en dicha
asamblea.
El
Ayuntamiento, sin embargo hizo caso omiso a las quejas de los
vecinos, además los vecinos ante tal atropello consiguieron
puerta a puerta mas de 300 firmas de vecinos como dicen los
estatutos para convocar una asamblea y destituir al consejo rector
actual, y las presentaron al ayuntamiento de Murcia como órgano
responsable de la entidad Montepinar pero no recibieron contestación
alguna ni por el ayto ni por consejo de la entidad, por lo que se
vieron obligados a acudir a los tribunales. Ahora el Juzgado ha
dictado sentencia en la que estima todas las peticiones de los
vecinos, anula la asamblea en la que se aprobaron los descuentos y
condena al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales. En la
sentencia, que es recurrible ante el TSJ, el magistrado censura la
interpretación que en su día hizo el letrado Federico Pastor Conesa
en contra de los vecinos para darle derecho de voto a la promotora,
así como el hecho de que se convocara la asamblea sin tiempo para
que los vecinos pudieran reaccionar y la dudosa claridad y
transparencia en el conteo de la votación. Finalmente el magistrado
advierte de que la cuota de pago tiene que ser la misma que la de
voto.
Ante
tantas irregularidades los vecinos mantienen su acusación en el
proceso penal y piden al Ayuntamiento como máximo responsable que
tome cartas en el asunto de una vez por todas, e intervenga una
entidad que maneja un presupuesto anual de mas de 500.000 euros que
pagan los vecinos de su bolsillo.
